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PERIODISTA DETENIDO EN ENTRE RÍOS EN PLENA TRANSMISIÓN

¿Qué pasó? El sábado por la noche, en Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, un periodista, Darío Irigoy, del portal Notitala, fue detenido mientras realizaba una transmisión en vivo por la web. Se le pidió identificación, la cual no tenía encima ya que se encontraba arriba de un auto, y por esto fue demorado. Lo trasladado a la departamental de ese pueblo por averiguación de antecedentes donde estuvo unas horas. La policía dice que procedió por una denuncia por “miedo a la inseguridad” de los vecinos del barrio donde se realizaba la transmisión.

Cuando el presidente de la Asociación de Prensa Digital de la República Argentina, Pablo Ceccarelli, se comunicó con el jefe de la departamental, este ninguneó a Irigoy, dudando de su profesión. “¿Es comunicador o periodista?” preguntó el Jefe Departamental.  A lo que Ceccarelli replicó “En el país el periodismo no está colegiado, por lo tanto, todo aquel que difunde y propalar información es periodista”.

En declaraciones a El Búho, Ceccarelli manifestó “Estos actos son más comunes de lo que nos gustaría. En el interior del país hay feudos encubiertos con apariencias democráticas. Y cuánto más chicos son los pueblos, más poder tiene la policía, y más amedrenta a los trabajadores de prensa lamentablemente”.

“cuánto más chicos son los pueblos, más poder tiene la policía, y más amedrenta a los trabajadores de prensa lamentablemente”

Pablo ceccarelli, apdra

La policía entrerriana se ampara en la restricción por la cuarentena total que rige en este pueblo para demorar al periodista. Sin embargo, el ejercicio de la comunicación se encuentra exceptuado de la restricción según el DNU 290/20 que dispuso el poder ejecutivo nacional el 20 de marzo de este año. Por eso, Irigoy se siente en este momento “intimidado” por lo que la policía pueda hacerle, dado que este tipo de acciones es muy común para los comunicadores y comunicadoras de pequeños medios en el interior del país.

Esto cobra vital importancia en el contexto represivo y de descontrol de las fuerzas de seguridad provinciales en el marco del ASPO. En lo que va de la cuarentena, desde marzo hasta agosto, en la Unidad de Violencia Institucional que depende del poder judicial de Entre Ríos, se registraron entre 55 y 60 denuncias de abusos de autoridad, vejaciones y detenciones arbitrarias. Además, cabe destacar que en lo que va del ASPO en el país murieron 92 personas en manos de integrantes de las fuerzas de seguridad.

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