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“ANULÉ EL DISPOSITIVO DE FRENADO”

“Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así iba a ocurrir” con estas palabras, Marcos Córdoba, maquinista del tren Sarmiento responsable de la Tragedia de Once, intenta conseguir la libertad condicional. El maquinista, que cumple una condena de 3 años y seis meses por la muerte de 52 personas, se responsabilizó de haber anulado el dispositivo de frenado “largo”, aquella mañana del 22 de febrero de 2012.

La Tragedia de Once tuvo 51 fallecidos, 52 si se le suma la muerte de un bebé por nacer,  y más de 789 heridos. En el juicio se encontró responsable a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y a funcionarios públicos, por no realizar los controles necesarios a las formaciones y por no supervisar que estos controles se realicen correspondientemente. Además de Córdoba, fueron condenados el Ministro Julio De Vido, los secretarios Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; además de Sergio Cirigliano, director de TBA y un gran número de directivos de las empresas concesionarias de la línea ferroviaria Sarmiento.

En marzo de 2018 La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques, dictó sentencia definitiva en la causa. Los magistrados rechazaron los planteos de nulidad pedidos por las defensas de los acusados, y confirmaron la sentencia dictada por el tribunal, ratificaron la existencia material de los dos hechos objeto del proceso. Hablamos de una deliberada decisión de la empresa TBA de no realizar mantenimiento de las formaciones de trenes; para lo que contaron con la colaboración necesaria de Cometrans SA (Empresa del Grupo Roggio); y los funcionarios de la Secretaría de Transportes que no controlaban a la empresa. Se calificó este suceso como constitutivo del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Por otro lado, se comprobó que el accidente del 22 de febrero no sólo se ocasionó por la negligencia del maquinista Córdoba, sino también por las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio, por determinación de la empresa que la gestionaba y la falta de control estatal. Entre los factores que se consideraron determinantes para el accidente se encuentra el exceso de pasajeros, la ausencia de velocímetros en la formación y los controles de velocidad, las características de frenado (llamado “Freno largo”), un ineficaz sistema de reporte de fallas, las cancelaciones y demoras previas del servicio, la ausencia de realización de las tareas de alistamiento previas, las modificaciones efectuadas en el diseño estructural de los coches y la anulación del sistema de enclavamiento de puertas, la falta de funcionamiento del paragolpes y el estado de corrosión de la carrocería, que facilitó el “acaballamiento” de los coches donde se verificaron la mayor cantidad de personas fallecidas.

La condena fue por estrago culposo agravado por la muerte de 52 pasajeros y las lesiones de 789 personas, y delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por eso, se condenó a Sergio Cirigliano, presidente de TBA, a 9 años de prisión; asimismo se condenó a Marcelo Alberto Calderón, director de Cometrans, a 8 años de prisión, también a Jorge Álvarez se lo condenó a 8 años por el mismo delito. A Juan Pablo Schiavi, en ese entonces Secretario de Transporte de la Nación, se le condenó a 8 años e inhabilitación especial perpetua, por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y también por estrago culposo agravado por la muerte de los pasajeros. También fue condenado Ricardo Jaime, que había sido Secretario de Transporte antes que Schiavi, a 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque fue absuelto por la muerte de las 52 personas de la tragedia de Once. A Marcos Córdoba, el maquinista, la pena fue de 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación para desempeñarse como conductor de cualquier clase de formación ferroviaria por 7 años. Esto por considerarlo autor   penalmente   responsable   del   delito   de   estrago   culposo agravado por haber causado la muerte de cincuenta y una (51) personas, más una por nacer, y lesiones en setecientas ochenta y nueve (789) personas.

En cuanto a Julio De Vido, Ministro de Planificación Federal, a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación hasta ese momento, en diciembre de 2018 el Tribunal Oral Federal 4 lo condenó a 5 años y 8 meses en prisión por ser responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, pero lo absolvieron de la muerte de las personas que fallecieron en el accidente.

Más allá de la autoincriminación del maquinista Córdoba, la responsabilidad de la empresa en las pésimas condiciones del servicio que favorecieron a la cantidad de muertes y la falta de control estatal a la concesionaria de la empresa que transportaba, para el 2012, 39 millones de personas, es gravísima y no se puede soslayar.

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