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EN MEDIO DEL DESATRE POR LOS INCENDIOS LA SOCIEDAD RURAL OPERA CONTRA LA LEY DE HUMEDALES Y DE BOSQUES NATIVOS

Más de 650 mil hectáreas han sido quemadas en el centro y norte del país. El desastre estos últimos días en la provincia de Córdoba las imágenes sensibilizan, por las más de 190 mil hectáreas quemadas que se lleva la vida del ecosistema y que traerá afectaciones a la comunidad por las sequías, el aumento de temperaturas, y la posibilidad de inundaciones. Las mismas imágenes se replicaron en Santa Fé y Entre Ríos. En total 14 provincias se encuentran afectadas. En casi todos los casos son consecuencia de intervenciones humanas. Los desmontes para extender los límites del agro están generando un ecocidio del que no se podrá volver. Por eso, Greenpeace Argentina denuncia a la Sociedad Rural Argentina de presionar para que no haya una ley de humedales que ponga límite a esta situación, y que se flexibilice la ley de bosques.

“El tema de humedales nos tiene muy preocupados porque hay una cantidad de proyectos en el Congreso que han avanzado y tenemos que tener una definición. Si eso no se encara bien, podemos estar sacando de la producción una cantidad enorme de hectáreas productivas hoy en Argentina”, expresó Daniel Pelegrina en el medio InfoCampo, presidente de la Sociedad Rural. Además, agregó “Pedimos que también se permita la producción con libertades, sino tendremos una afectación a las economías regionales de manera muy fuerte”. Se trata de un fuerte lobby contra las regulaciones, justo en un momento donde el gobierno ve en el campo el sector que aporte los dólares necesarios para aumentar las flacas reservas del país.

“Pedimos que también se permita la producción con libertades”

Daniel Pelegrina, Presidente de la Sociedad Rural Argentina

Ante esto, Greenpeace Argentina, que hace años está denunciando este intento de trabar las regulaciones, se manifestó en contra. “Repudiamos que la Sociedad Rural esté presionando para que el Congreso no sancione la Ley de Humedales y para que no se penalicen incendios y desmontes”, declaró Leonel Mingo, coordinador de Campañas de Greenpeace. La organización demanda que se prohíba y castigue penalmente la destrucción de humedales y bosques nativos. “El sector agropecuario es uno de los principales responsables de arrasar humedales y bosques, mediante el fuego o las topadoras. No podemos perder ni una hectárea más”, recordó Mingo

“El sector agropecuario es uno de los principales responsables de arrasar humedales y bosques, mediante el fuego o las topadoras”

Leonel Mingo, Greenpeace Argentina

De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas. 14 provincias se encuentran con incendios en los territorios. Y en lo que va del año se quemaron casi medio millón de hectáreas. En el Delta del Paraná, Entre Ríos, se registraron 33.963 focos de incendios, que afectaron más de 200.000 hectáreas. Siendo esta zona la que más sufrió esta situación.

Ley de humedales

En el país los humedales representan aproximadamente el 21% del territorio. Estos ecosistemas ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías y las fuertes lluvias. Son áreas que permanecen en condiciones de inundación o, por lo menos, con su suelo cubierto por agua durante periodos de tiempo considerables. Las especies que los habitan se encuentran adaptadas a estas condiciones ambientales particulares.

El país no tiene regulación vigente al respecto. Hoy hay 13 proyectos presentados para la preservación de estos ecosistemas que se encuentran en estado parlamentario. Se buscan con estos establecer presupuestos mínimos para la conservación, protección y usos sustentables. Aunque estos no escapan de los intereses de las partes. Particularmente hay un proyecto presentado por los diputados de Juntos por el Cambio, Jorge Vara y Alicia Fregonese, que claramente está armado por las patronales rurales. El mismo presidente de la SRA manifestó que “Los estamos ayudando a definir, porque de esa definición va a depender la cantidad de hectáreas que se afecten”, marcando claramente que lo que diga la legislación presentada por estos diputados responderá a los intereses de los grandes productores del agro.

Greenpeace pide que esta ley incluya un inventario de humedales a nivel nacional, una moratoria para impedir que se sigan destruyendo y que agregue la figura del delito penal con multas significativas para quienes cometan este crimen ambiental.

Las patronales rurales están presionando para que esta ley no se sancione. Ya que impondría un límite al uso de los suelos. El coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Eduardo Ortiz, declaró en Infobae, sobre la posible ley de humedales que “no estamos de acuerdo en que haya una ley de presupuestos mínimos que involucre a toda la Nación y sobre todo a los humedales con una definición tan amplia que involucre al 25 o el 30% del territorio nacional y que va a complicar a un sector productivo” en clara oposición a la regulación. Y agregó “No es necesaria en este momento, con una pandemia y la economía totalmente parada”, poniendo un enfoque economicista a una cuestión que representa todo un peligro, por el ecocidio que se está viviendo a partir de los incendios que están arrasando grandes territorios del país y comunidades enteras.

“No es necesaria en este momento”

Eduardo Ortiz, de CRA sobre la Ley de Humedales

Ley de Bosques

En 2007 la Argentina votó la ley de Bosques Nativos que establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. Esto da lugar a las provincias que re categoricen zonas para el usufructo del territorio para el agro.

Greenpeace manifiesta que los ganaderos son responsables de la destrucción de bosques nativos, y que la Sociedad Rural ejerce presión sobre los dirigentes políticos para flexibilizar las restricciones de la ley de bosques para permitir extender los límites de los terrenos explotables, aún a costa de la vida de la fauna y la flora que allí habitan.

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