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NEGACIONISMO EXPLICITO: INFOBAE VUELVE SOBRE LOS 30 MIL DETENIDOS DESAPARECIDOS

Un artículo publicado por Infobae, que promociona el libro “Los 70”, escrito por Ceferino Reato, vuelve con la campaña negacionista acerca de que les desaparecidos no fueron 30 mil. Se suma a una andanada de voces de la derecha, colaboracionista con la dictadura genocida del 76 al 83, que buscan deslegitimar la cifra para atacar simbólicamente la violación de los derechos humanos perpetrados al pueblo argentino.

El artículo en cuestión busca deslegitimar el número simbólico de 30 mil detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Al mismo tiempo, pone en igualdad los muertos por el terrorismo de estado que los cometidos por los grupos guerrilleros en el contexto de la represión ilegal al pueblo. Saca a relucir nuevamente la teoría de los dos demonios, en un intento de desprestigiar la lucha de los organismos de derechos humanos y mancillar la memoria de las víctimas del genocidio al que nos llevó la dictadura militar, que contó con el acompañamiento de la burguesía y la oligarquía empresarial y terrateniente, el poder de la iglesia católica; y, además, el apoyo y adoctrinamiento de la embajada de los Estados Unidos, en el marco de un plan sistemático para la región.

¿QUÉ ES UN DESAPARECIDO?

La definición de desaparición forzosa de personas está establecida por la Comisión Interamericana Sobre Desaparición Forzosa de Personas de 1994, y lo describe como un delito perpetrado por “agentes del estado, o que respondan o cuenten con el apoyo y la aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Como es bien sabido, en la década del ‘70 en la región se desplegó un plan sistemático de exterminio de dirigentes políticos, militantes sociales, y toda persona que no responda a una visión capitalista de la realidad, con el apoyo de la embajada de EEUU. Además, las fuerzas fueron entrenadas en las prácticas del secuestro, las torturas y los asesinatos. Precisamente, las fuerzas argentinas fueron adoctrinadas por la escuela francesa, respecto de tácticas que habían desarrollado en la guerra de independencia de Argelia (1954-1962) y por la Escuela de las Américas, que era instrucciones del ejército de EEUU para el ataque contra el comunismo.

La desaparición seguida de muerte fue una acción adoptada y desarrollada por el nazismo, a partir del decreto “Noche y Niebla”, dictado por Hitler en 1941. La idea de irrumpir por las noches en el domicilio de los supuestos “enemigos”, para detenerlos de manera ilegal, secuestrarlos y no brindar información alguna sobre su paradero, era una táctica para infundir miedo a familiares y conocidos de las víctimas. “Una intimidación efectiva y duradera solo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo y por la misma razón, la entrega del cuerpo para su entierro en su lugar de origen, no es aconsejable, porque el lugar del entierro podrá ser utilizado para manifestaciones… A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada” dictaba el texto de contrainteligencia nazi. De allí, la escuela francesa y la Escuela de las Américas copiaron el accionar que luego se desplegaría en todo el continente mediante el Plan Cóndor, que, en Argentina, dejó miles de víctimas.

LA CIFRAS Y EL SÍMBOLO

La CONADEP en su primer informe, de 1984 en el libro denominado “Nunca Más”,  dice haber registrado 8961 casos de desaparecidos, aunque reconoce que se hizo a raíz de las denuncias recibidas por la Comisión y que se pueden compatibilizar con otros organismos nacionales e internacionales. A su vez, aclara que puede haber faltantes de denuncias por no tener familiares la víctima o por preferir mantener reservas o vivir en localidades alejadas de centros urbanos y desconocer en dónde se podía denunciar. Aunque manifiesta que la única manera de tener una nómina completa de las personas desaparecidas, y la suerte que ellos corrieron, dependen del testimonio de los autores de tales desapariciones. Teniendo en cuenta la sistemática negativa de los genocidas, aun los que fueron condenados por delitos de lesa humanidad, a aceptar sus crímenes, y por caso, otorgar mayor información de sus víctimas, es que se estima que dichas cifras sean muy superiores de las registradas.

El propio genocida Jorge Rafael Videla, en una entrevista realizada por la periodista Maria Seoane para el libro “El Dictador”, aceptó que utilizaron la práctica de la desaparición de personas. “No se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil, 10 mil, 30 mil. No había otra manera. Había que desaparecerlos” y además agregó que “Estuvimos todos de acuerdo. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero ¿qué es lo que podíamos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo”. Así, Videla confirma dos premisas fundamentales. Primero, el uso de la desaparición forzada como método para sembrar el terror. Y segundo, que habría una posibilidad de que fueran 30 mil, pero que se negaron a presentar listas para que no se sepa la verdad y se pueda juzgar a los responsables.

Si bien el genocida no confirma ninguna cifra definitiva, si es cierto que las 8961 que cotejó la CONADEP es insuficiente para 1984. Hablar en 2020 de 7300 víctimas, como dice Reato, es un intento de distorsionar la magnitud de lo que fue el genocidio en nuestro país.

Un espía chileno, del régimen de Pinochet, y aliado de la CIA, Enrique Arancibia Clavel, que fue detenido por el ejército argentino en 1978, tenía un listado para enviar al DINA (entidad de inteligencia chileno) en el que detallaba que el Batallón 601 de Inteligencia Argentina (Que dependía del Estado Mayor Conjunto del Ejército Argentino) había asesinado y desparecido entre 1975 y 1978 a 22 mil personas. Estos documentos fueron desclasificados en 2006 por el Departamento de Estado Norteamericano, en donde se detalla la relación del gobierno de EEUU con la dictadura de Argentina.

Además, otro documento de la embajada de EEUU, habla de que un alto funcionario del gobierno de facto argentino le declaró al nuncio Pío Langhi (diplomático del Vaticano) que se “tuvieron que encargar de 15 mil personas”.

Más allá del compendio de datos, que nos lleva a un infausto debate para contabilizar desaparecidos y muertos, deslegitimar la cifra comprende una acción que tiene por finalidad quitarle peso simbólico a lo que fue el terrorismo de estado en nuestro país, y que dejó una huella imborrable en nuestro pueblo, que hasta el día de hoy continúa fresca, dado que seguimos buscando nietos desaparecidos.

PENAR EL NEGACIONISMO

Desvergonzados comunicadores se estremecen cuando se menciona la posibilidad de penar los dichos negacionistas de la última dictadura en los medios de comunicación. Hablan de coartar la “libertad de expresión”, cuando en realidad lo que están haciendo es negar un delito de lesa humanidad. Por tal motivo, es necesario que haya una regulación estatal de lo que se dice en los medios respecto de las consecuencias del terrorismo de estado. Alberto Fernández, en los primeros días del año, pre pandemia, había manifestado la posibilidad de sancionar una ley para aquellos que nieguen los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, las filosas lenguas de la comunicación hegemónica han atacado esta posibilidad por tratarse de una supuesta “censura”. Sin embargo, Francia, Alemania, Suiza, España, Republica Checa, Israel, Austria y Bélgica, tienen legislación, penada con cárcel, para quienes nieguen el holocausto, o los crímenes de lesa humanidad.

Esta acción cobra importancia en un contexto de crecimiento de expresiones de derecha reaccionaria, con tintes racistas y xenófobos. No sólo en el país, sino en la región, se ha llevado en los últimos años hacia una intentona golpista del orden democrático, que busca acallar las voces de dirigentes populares. Vivimos el golpe institucional en Brasil, el golpe en Paraguay, anteriormente sucedió en Honduras, tenemos fresco en la memoria lo sucedido en Bolivia; y en las últimas horas pasa en Perú. Mientras que, en nuestro país, vemos hordas con peligrosos mensajes antidemocráticos que se juntan en el Obelisco cada vez que hay una fecha patria prometiendo, como menos, la horca para dirigentes del campo popular.  Por tanto, que crezcan estos discursos de odio para borrar las barreras morales de lo que implicó la dictadura en el país nos debe alarmar y repudiar si queremos conservar el orden democrático, que, aunque no es el sistema perfecto, es el mejor que tenemos, porque donde no hay democracia hay barbarie.

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