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ABORTO LEGAL: PUNTOS EN COMÚN Y DIFERENCIAS DEL GOBIERNO Y LA CAMPAÑA

Se conoció en detalle el texto del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por el presidente Alberto Fernández. La norma tiene un abordaje sanitario de la cuestión del aborto. Tiene puntos en común con el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con estado parlamentario, aunque se diferencia en la cantidad de días para realizarlo y la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.

El texto introductorio del proyecto de IVE presentado por el ejecutivo habla de que la legislación penal existente hasta la fecha no ha sido efectiva ya que “ha condenado a muchas mujeres, en especial de bajos recursos, a recurrir a prácticas que ponen en riesgo su salud y la propia vida”, al mismo tiempo remarca el compromiso que debe tener el estado para emplear políticas públicas para proteger a las personas gestantes.

La norma aborda el problema desde una cuestión sanitaria. El presidente Fernández en el anuncio mencionaba la cifra de 38 mil personas al año que tuvieron que recurrir a los servicios de salud por abortos practicados en la clandestinidad y cerca de 3 mil muertes. Por eso, pone a disposición todo el sistema de salud para que brinde información útil y condiciones dignas para aquellas personas que decidan realizarse un aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

Si bien es un hecho que la problemática tiene su lado sanitario, por el riesgo que comprende realizarlo en situaciones paupérrimas de salud, sobre todo para las personas de bajos recursos que no pueden acceder a los costos de un aborto en buenas condiciones; no es menor que no se hace un abordaje desde el punto de vista del derecho a decidir de la persona gestante sobre su propio cuerpo y sobre su planificación de vida. En el proyecto presentado por la Campaña por el Aborto el derecho a decidir es espíritu de la ley y de la lucha del colectivo. En el proyecto presentado por el gobierno esto no está tan de manifiesto, posiblemente para administrar de otra manera las tensiones de los sectores de la sociedad que pujan para que la ley no salga. De hecho, habla de “Embarazos no intencionales”, no hace referencia a los deseos de la persona gestante.

SIMILITUDES

En las disposiciones generales el proyecto tiene muchos contactos con el presentado por la Campaña. La práctica se realizará dentro de las primeras 14 semanas de gestación, con consentimiento informado firmado por la persona gestante. Fuera de ese plazo sólo se tendrán en cuenta las situaciones en las que se haya producido una violación, o que exista riesgo en la salud o la vida de las personas gestantes. Además, quienes se realicen dichas prácticas tendrán el derecho de acceder a toda la información que requieran en cuanto al método y los efectos. Recibir atención previa y post práctica, y, además, si lo requiere podrá acceder a una asesoría profesional en donde se le brindará contención, aunque estas no serán obligatorias.

Asimismo, las menores de 13 años tendrán que firmar el consentimiento informado, pero deberán presentarse con una persona mayor de edad responsable. Además, se aplica el concepto de “Autonomía progresiva”, donde las personas de entre 13 y 16 años son consideradas con aptitud y madurez para decidir la práctica. Y a partir de los 16 años se la considera con plena capacidad de ejercer su derecho.

También se plantea la necesidad de que todas las jurisdicciones del país se acoplen a la ley de Educación Sexual Integral, para poder desarrollar políticas públicas acerca de los métodos anticonceptivos e información sobre las prácticas sexuales responsables, a fin de prevenir los embarazos no deseados.

DIFERENCIAS

En lo que respecta a los plazos en que se realizará la práctica hay diferencias entre los. El del gobierno lo establece en un período de 10 días hábiles. Mientras que el de la campaña lo requiere en 5 días desde la solicitud.

Otro punto en el que se diferencian es en cuanto a la “Objeción de conciencia” de los profesionales de la salud. Mientras que el proyecto de la Campaña no toma la cuestión porque prima el derecho de la mujer sobre cualquier otro, el proyecto del gobierno da el derecho a los y las profesionales de la salud a no realizarlo siempre que tengan alguna creencia que se los impida. Esto debe respetarlo en todos los ámbitos en los que desempeñe su profesión. Si bien puede objetar, también debe derivar de buena fe a la paciente a otro profesional en tiempo y forma; y, en caso de que exista riesgo de vida de la paciente, no podrá negarse.

La importancia de que el proyecto cuente con el apoyo del presidente de la nación no es menor en una puja muy fuerte que se desarrollará en el Congreso. Se vendrán semanas en que se volverá a abrir el debate institucional, un debate abierto en la sociedad desde hace años, producto de la militancia femenina y una Campaña que lleva 15 años buscando lograr este derecho. En 2018 hubo jornadas históricas en las que se estuvo a punto de convertir en ley, con la media sanción en Diputados, que no se correspondió en el Senado. Este año la situación para mejorar. Lo que queda claro es que el tema ya es ineludible, y que tarde o temprano será ley.

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