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CRONOLOGÍA DE UNA MUERTE EN LA QUE EL ESTADO TIENE MUCHO QUE RESPONDER

Al conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independiente, rearmamos el paso a paso de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado a 3 años de los hechos.

El 31 de julio de 2017 Santiago Maldonado llega al territorio de la comunidad mapuche en el kilómetro 1848 de la ruta nacional 40, en los territorios conocidos como Cushamen, en la provincia de Chubut. Se pliega al reclamo de tierras de la comunidad y por la libertad de Facundo Jones Huala.

El 1 de agosto de 2017, mientras se realizaba un corte en la ruta, la Gendarmería despliega un operativo para desalojar que termina con una feroz represión a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Gendarmería invadió por la fuerza en la comunidad, sin orden judicial. Rompieron la tranquera de la comunidad.  Reprimieron con disparos de balas de goma y perdigones de plomo. Quemaron elementos pertenecientes a la comunidad. Y persiguieron 350 metros hasta el Río Chubut. En la huida de los manifestantes con dirección al río, fue que se lo vio por última vez con vida a Santiago Maldonado.

Testigos relataron que «entre los tiros y las agresiones pierden de vista a Santiago y escuchan que un gendarme da la voz de “Tenemos uno”, que acercan una camioneta, abren las puertas traseras y entre varios efectivos rodean las puertas para que no se pueda ver.

A pesar de haber ido a realizar la denuncia, se tarda más tiempo del que se debe para comenzar la búsqueda del paradero de Santiago, que comienza 4 días después de los hechos.

Durante las primeras semanas, el gobierno argentino negó toda relación con la detención de Santiago Maldonado, tanto a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como del propio presidente Mauricio Macri. Además, mientras tanto se denunciaba que la familia y los miembros de la comunidad mapuche sufrían espionaje.

El 3 de agosto a la noche Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y mano derecha de Patricia Bullrich, a quién se lo había visto el 1 de agosto en el lugar en que sucedieron los hechos, llamó a la Central de Reunión de Inteligencia de Gendarmería para anticipar que el juez ordenaría efectuar peritajes en los vehículos usados en el operativo. 

El juez de la causa, Otranto fue denunciado por falsear un documento oficial. Dijo que los mapuches le habían entregado la gorra de Santiago que estaba “debajo de una manta”, cuando en realidad la encontró una empleada de su juzgado “debajo de una mata”, es decir, un arbusto. Finalmente, fue apartado del caso por su falta de imparcialidad.

Un policía de Río Negro denunció que durante el rastrillaje que se hizo el 16 de agosto en la comunidad se encontraron en el terreno balas de armas de fuego, 9 milímetros y FAL, pero la fiscal Ávila y el juez Otranto les dijeron que no las levantaran.

El 24 de agosto de 2017 se cambia la carátula de la investigación a “Desaparición forzada de persona”.

El día 17 de octubre el nuevo juez de la causa Gustavo Lleral, ordenó un rastrillaje unos trescientos metros río arriba de la zona en la que se desarrolló el conflicto en donde encontraron el cadáver de Santiago Maldonado 78 días después de su desaparición. ​ En la autopsia definieron que “falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia”. Aunque no aclaró cómo, cuándo y dónde falleció Santiago.

El cuerpo fue encontrado en un sitio que había sido rastrillado en otra ocasión sin resultados positivos. Además, se encontró entre los restos, el DNI y unos cuantos billetes en casi perfectas condiciones. Se exigió que se realicen peritajes sobre estos elementos. El 6 de julio de 2017 se peritó el DNI aunque no en las mismas condiciones del río Chubut en que fueron encontrados por lo que la familia desestimó el resultado del mismo.

El 16 de agosto de 2018 la familia pidió el apartamiento de la investigación de la Fiscal Silvina Ávila por no haber contenido a la familia como lo marca la ley, además, de haber permitido que se desarrolle espionaje sobre las víctimas.

El 29 de noviembre de 2018 el juez Guillermo Lleral dictó la sentencia definitiva, cerrando las dos causas a su cargo y dando por concluida la investigación de la muerte de Santiago Maldonado, atribuyéndola a “un conjunto de incidencias”, respecto de las cuales “nadie” era responsable. Sin embargo, pocos minutos antes de dar a conocer la sentencia el juez se comunicó con la madre y el hermano de Santiago Maldonado para avisarles que estaba siendo extorsionado.

En 2019, Patricia Bullrich y Pablo Noceti fueron imputados por el fiscal federal Franco Picardi por la represión del pueblo mapuche en 2017. 

5 de septiembre de 2019, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabre la causa de la muerte de Santiago, pero apunta contra Gendarmería por “abandono de persona”. La familia apela el fallo y en la Cámara de Casación penal en diciembre de 2019 se ratificó la reapertura de la causa, pero como “abandono de persona”. Instaba a la designación de un nuevo juez a cargo y que se amplíen las medidas periciales.

28 de enero de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia vuelve a designar como juez a cargo de la causa a Gustavo Lleral. Lleral se había apartado de la causa por una denuncia de imparcialidad. Ante la reapertura Lleral se inhibió de continuar, argumentando que él no podía ser juez porque no sería “imparcial” ya que había decidido que no existía delito a investigar, pasando la causa al juez Sastre –de la ciudad de Rawson-, que también se inhibió con los mismos argumentos.

El 1 de agosto de 2020, al cumplirse tres años de la desaparición de Santiago Maldonado, y ante el estancamiento de la causa, y tras meses de pedir que el poder ejecutivo que convoque a un grupo de expertos independientes que investiguen lo actuado, la familia acudió por su lado a los expertos.

4 de agosto de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación denuncia penalmente el accionar de Patricia Bullrich y Pablo Nocetti en la represion del 1 de agosto de 2017 en la ruta nacional 40.

17 de noviembre de 2020. El Grupo de expertos saca a la luz el informe en que convoca al Estado argentino a realizar una investigación independiente, exhaustiva, imparcial y efectiva.

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