Actualidad

EL INFORME DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO PIDE QUE SE RETOME LA CAUSA COMO DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA

La familia Maldonado convocó a un grupo interdisciplinario independiente para que revise la causa de la muerte de Santiago. Luego de estudiar el caso, determinó que hubo una ausencia de investigación inmediata de los hechos, que no hay evidencias que permitan descartar la desaparición forzada como planteó la justicia argentina y que no se tomó en cuenta la muestra de otro ADN masculino en el cuerpo. Todo esto en un contexto de persecución, estigmatización y encubrimiento por parte del Estado sobre la familia Maldonado y la comunidad mapuche.

El grupo interdisciplinario (GIEEI) está integrado por especialistas de Chile, Colombia y México, en el que se destacan los nombres del abogado colombiano Federico Andrés Paulo Andreu Guzmán, la antropóloga forense Ana Carolina Guatame García, la magíster en investigación criminal Eileen Buitrago Pérez, la abogada colombiana Dora Lucy Arias Giraldo y la investigadora en ciencias sociales y activista Mexicana Rossana Reguillo. El objetivo del informe era determinar si se hizo una investigación para encontrar con vida a Santiago Maldonado; el rol de los medios de comunicación y las redes sociales en la cobertura del caso, y cómo influyeron en la investigación; y si el Estado garantizó el derecho de las víctimas y sus familiares.

La familia Maldonado debió tomar la determinación de apelar a este recurso debido a que la causa fue archivada por la justicia argentina, como una muerte por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia, en dónde no se registraron rastros de violencia sobre el cuerpo. Sin embargo, dicha sentencia firmada por el juez Gustavo Lleral, el 29 de noviembre de 2018, no explica en qué circunstancias murió, la responsabilidad de la Gendarmería, que realizó un operativo ilegal, ni tampoco da certezas de por qué el cuerpo estuvo desaparecido 78 días y fue encontrado en un lugar ya rastrillado a unos 300 mts río arriba de donde los hechos sucedieron. La causa se reabrió en 2019 pero como “abandono de persona” aunque desde entonces quedó estancada ya que siempre cae en manos del juez Lleral que se declaró imparcial.

Por tal motivo, los Maldonado exigen al Estado argentino que se haga cargo de una investigación. Dado que hasta ahora lo que hay es una deficiente, donde quedan muchos cabos sueltos, detrás de una máscara de encubrimiento sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, los funcionarios del Ministerio de Seguridad y los funcionarios judiciales. Ante la falta de acudieron por modus propio a este recurso.

En su informe, el GIEEI, realizó una contextualización de la situación de los pueblos originarios en el país, desarrollo un compendió conceptual sobre los derechos de las víctimas de desaparición forzada; y tuvo una mirada crítica sobre el rol de los medios en esta situación; y como deben actuar frente a un caso de esta envergadura, antes de revelar sus conclusiones.

En primer término, personalizó por qué Santiago acudió al territorio mapuche aquel 31 de julio de 2017. “Había acudido como ciudadano argentino en solidaridad con la reivindicación de los derechos de esa comunidad que denunciaba el desconocimiento de sus derechos étnicos y territoriales exigiendo el reconocimiento y garantía de los mismos” Hecho que, en las consideraciones finales, el informe marca que nunca se tuvo en cuenta este aspecto, sino que se lo trató a Santiago como un delincuente.

Por otra parte, historió acerca del conflicto por las tierras en las comunidades originarias en nuestro país, que datan de la mal llamada “Conquista del desierto” hasta nuestros días. Y particularmente, sobre la Pu Lof de Cushamen, explicitó que ““La respuesta institucional desde el inicio de la recuperación territorial llevada a cabo por los integrantes del Lof Cushamen, en marzo de 2015 se ha caracterizado por acciones de represión, a través de operativos policiales que involucran tanto a la Policía provincial de Chubut como a Gendarmería Nacional”. Asimismo, que los operativos represivos se dieron con “uso excesivo de las fuerzas” y “poniendo en riesgo la vida de los integrantes de la comunidad”. Esto acompañado por “una estrategia de persecución penal que ha resultado en la criminalización de los mapuches. En el caso del Lof Cushamen, dicha estrategia se ha manifestado reiterados procesamientos en contra de sus integrantes, incluyendo el lonko Facundo Jones Huala” y agrega “el Estado argentino, desarrolló en paralelo acciones tendientes a estigmatizar y a promover la persecución penal de la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la cual el gobierno de la época (Macri) definía como grupo radicalizado que utilizaba la violencia para el logro de sus objetivos”. Al mismo tiempo de la vía penal, el gobierno argentino llevó adelante una labor de espionaje sobre la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Así llegamos al 1 de agosto de 2017 en que se desató la represión de la Gendarmería y donde fue visto por última vez con vida Santiago Maldonado. Respecto de la investigación de los hechos, el GIEEI sostuvo que hubo “Ausencia de acciones de investigación inmediatas y durante los 5 días subsiguientes a la desaparición. No se encontró documentación que reporte las primeras actividades de indagación tendientes a esclarecer la posible comisión de una desaparición forzada.” Además, sostuvo que “La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizadas en el río Chubut y sus áreas circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 días después de la desaparición”. Asimismo, apuntó contra la investigación desde el primer momento de los hechos “No se buscó a Santiago con vida; la 1er búsqueda fue 4 días después; nadie explica por qué no se encontró su cuerpo en los anteriores rastrillajes; no se hizo la reconstrucción de los hechos.” Y por último, agrega un dato poco conocido hasta el momento “De la autopsia no se quiso tomar en cuenta, que en las muestras analizadas se identificó otro perfil genético, de al menos un individuo masculino además del perfil de Santiago”.

Por todo lo mencionado, es que este grupo recomienda al Estado argentino “Desarrollar una investigación con independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyan todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada en relación a la desaparición y muerte de Santiago Andrés Maldonado”. También desanda una denuncia sobre la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983; y la ausencia de legislación para el trámite idóneo de los conflictos territoriales indígenas y protocolos específicos relacionados con protección y garantía de derechos a defensoras y defensores.

En este contexto, la familia continúa con la apelación ante la Corte Suprema de Justicia, del juez Gustavo Lleral como el investigador de la causa; insiste con las demandas contra los funcionarios de la administración Macri por su participación en los hechos, hablamos de la ministra Patricia Bullrich y su jefe de gabinete Pablo Nocetti; y lanzan, a través de la palabra de Sergio Maldonado, una denuncia contra el rol del estado, antes y en la actualidad: “El único que puede hacer todo para ocultar, desviar y no investigar una desaparición forzada en democracia con total impunidad, es El Estado, el silencio es cómplice, Los Gobiernos también, Macri y Alberto Fernandez. Justicia por Santiago”.

1 reply »

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s