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NIEGAN EN JUJUY ABORTO A NIÑA VÍCTIMA DE VIOLACIÓN

Una niña de 12 años fue obligada a cursar un embarazo gemelar producto de una violación. El hecho sucedió en Jujuy, dónde el Ministerio de Salud provincial, en conjunto con los profesionales de la salud, dilataron la práctica que se encuentra legalizada la práctica desde 1921. Es el segundo caso que sale a la luz en dicha provincia, en donde queda demostrado un accionar sistemático. A la niña, además de obligarla a cursar con el embarazo, se le practicó una microcesárea con previa maduración fetal.

El hecho es estremecedor. Una niña de 12 años, de la provincia de Jujuy fue llevada a cursar un embarazo de gemelos fruto de una violación sufrida. La joven tiene el derecho a acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo vigente desde 1921 para los casos de violación. Sin embargo, se denuncia que hubo una dilación tendenciosa por parte de las autoridades sanitarias para “ganar tiempo” y lograr la viabilidad fetal. Además, que no se le garantizó a la niña la asistencia de los equipos de consejería en salud integral, garante de derechos y efectores capacitados para dar respuesta a la Interrupción del embarazo tanto en el primer como en el segundo trimestre de gestación. Asimismo, se denuncia que la Dirección Nacional de Salud Sexual se había ofrecido para resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña. Pero las autoridades del Ministerio de Salud de Jujuy lo desestimaron y no le garantizaron el derecho a la niña.  

No es la primera vez que sucede esto en Jujuy. En enero de 2019, una niña de la localidad de San Pedro, que había sufrido una violación, tampoco pudo acceder a su derecho a la ILE porque desde las instituciones de salud dilataron y obstaculizaron la realización de la práctica. Esto vulnera no sólo el Código Penal de la nación que establece que el aborto es legal si “el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer demente”, también un protocolo que estableció la provincia con UNICEF, en el que se establece el derecho a la ILE para embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años.

Además de vulnerar el derecho de la niña, que conlleva un padecimiento psicológico tremendo por haber sufrido una violación y cursar un embarazo producto de dicha situación, se pone en riesgo de vida a la niña por tener que atravesar un parto.  

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir manifestaron su repudio al accionar de las autoridades jujeñas. “Repudiamos que no se contemplen los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes debería protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas también desde el Estado”

Esta situación presenta una alerta sobre el debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el proyecto presentado por el gobierno que se debate en el Congreso. Ya que este plantea la objeción de conciencia de los profesionales de salud, que pueden negarse a la realización de las prácticas. Si bien el proyecto establece que debe derivarse en tiempo y forma a otre especialista que garantice la práctica, no es menos cierto que sólo con la sola letra de la ley no alcanza para que se respeten los derechos.

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