Actualidad

LA PANDEMIA DE MATAR DEL ESTADO

Correpi presentó su informe anual de muertes por la represión estatal. Se registró en el último año 1 muerte cada 20 horas por el aparato represivo. El mayor número de casos se registran en lugares de detenciones. Se incorporaron 496 casos al archivo que data de 1983, 411 de ellos fueron bajo la gestión de Alberto Fernández.

Cuando asumió el gobierno del Frente de Todos el 10 de diciembre de 2019 la situación represiva del país estaba en un extremo crítico. La gestión de Mauricio Macri había dejado un penoso saldo de un muerto cada 18 horas por el aparato represivo del estado, como también un contexto en el que las fuerzas de seguridad tenían carta blanca para desarrollar una política represiva.

Al asumir Alberto Fernández se comprometió a modificar la situación. “Hay que escapar al gatillo fácil y la lógica de la muerte por la espalda” había expresado en su discurso de asunción. Y en los primeros días de gestión derogó protocolos de actuación de las fuerzas que generaron cierta esperanza. Sin embargo, al poco tiempo el gobierno tomó medidas contradictorias que frenaron el primer envión positivo y mostraron que, si bien no era la gestión de Macri, Bullrich y cía, tampoco habría grandes modificaciones de fondo a una problemática deuda de la democracia. En este sentido, cobra relevancia analizar la designación que hizo Axel Kicillof de Sergio Berni al mando de la policía de la provincia de Buenos Aires, la creación del Comando Unificado de Fuerzas Federales y Provinciales y el cuestionado Ciberpatrullaje a cargo de fuerzas federales.

Otro punto de quiebre se dió tras el decreto de Aislamiento Preventivo y Obligatorio por la pandemia, que trajo un clima represivo en las calles, sazonado con el incremento de detenciones arbitrarias, denuncias de torturas y muertes en comisarías; y fusilamientos en las calles.

REGISTRO DEL DOLOR

El informe que realiza Correpi recolecta datos de muertes en las que están vinculados efectivos de las fuerzas represivas del estado. Es un archivo que data casos desde 1983 hasta la fecha. En él se busca dejar en claro que existen prácticas oscuras y sistemáticas de las fuerzas de seguridad, y que los crímenes en los que están vinculados no son casos aislados, sino que es una política común de las fuerzas. Este año la recolección de los datos estuvo limitada por el acceso a los expedientes judiciales y por la imposibilidad de contacto directo con las víctimas dadas las medidas restrictivas del aislamiento por la pandemia.

Desde el 83 hasta mediados de noviembre de este año hubo 7587 casos de muertes en las que participó el aparato represivo estatal. 496 incorporados este año al archivo. De estos, 411 se dieron desde la asunción de Alberto Fernández y 348 desde el inicio de la cuarenta. El último año de la gestión macrista se habían registrado 480 casos y en 2018 hubo 497, todo un récord de muertes que lo convirtieron en el gobierno más represivo desde la recuperación democrática.

Dentro de las conclusiones a las que llegaron se destaca que hubo un incremento en las muertes en los lugares de detenciones, que existe una continuidad en la práctica del fusilamiento de personas conocido como Gatillo Fácil y que durante la gestión de Fernández se registraron 4 casos de desapariciones forzadas de personas que luego se encontraron sin vida. Lo que nos demuestra que no hubo modificaciones al nivel de impunidad garantizada a los miembros de las fuerzas involucrados en los casos.

CÁRCELES SUPERPOBLADAS, MUERTE ASEGURADA

Predomina claramente los casos de personas en contextos de encierro. Hubo un crecimiento exponencial de muertes bajo custodia de las fuerzas, tanto en cárceles federales como provinciales. Esto responde a la sobrepoblación que tienen los centros de detención. Desde 2001 hasta 2015 pasaron de 35 mil detenidos a 75 mil. Y en los últimos 4 años la cifra llegó a 100 mil. Siendo las cárceles de la provincia de Buenos Aires la de mayor sobrepoblación con el 112% del sistema ocupado. El 60% de dicha población son jóvenes de entre 18 y 30 años, más de la mitad sin condena y detenidos por delitos contra la propiedad privada o infracciones a la ley de drogas (narcomenudeo).

En este contexto el 49% de los casos se dieron en cárceles, comisarías o lugares de detención. El 66% de estos casos se registraron en el último año. Hubo 53 casos de muerte por Covid-19, por ello triplica el número de muertes intramuros respecto de lo que sucede extramuros. Además, se registraron muertes por protestas, ahorcamientos, incendios y enfermedades no asistidas. Además, en 10 meses se registraron 34 muertes en comisarías, en su mayoría de personas detenidas en esos centros sin causas judiciales o por averiguación de antecedentes. También se registraron dos muertes en alojamientos de niños y niñas.

AISLAMIENTO REPRESIVO

Cuando se dictó el ASPO para prevenir el Coronavirus se pensó que la baja circulación de personas en las calles bajaría la cantidad de casos de represión policial. Sin embargo esto no sucedió. Se registró un incremento de detenciones arbitrarias, tormentos y muertes en comisarías y fusilamientos en las calles. Por eso, Ismael Jalil, integrante de Correpi, manifestó en nuestro podcast que “La cuarenta se contuvo con un sistema policial antes que social”. Antes del ASPO se registraron el 15% de los casos, después se registraron el 85% restante. Además, se registraron durante el aislamiento 3 casos de desapariciones forzadas seguidas de muerte en las que hay vínculos de miembros de las fuerzas. Hablamos de Facundo Astudillo Castro en Bahía Blanca, Francisco Javier Cruz en Florencio Varela y Luis Armando Espinoza en Tucumán. A estos se le suma el caso de Carlos “Bocacha” Orellana que sucedió el 23 de febrero en Rosario.

Del informe de Correpi se desprende que el 91% de las muertes producidas por el aparato represivo estatal fue por estar presos o por gatillo fácil. Que el 44% de las víctimas tenían hasta 25 años. Que el 39% de los casos sucedidos en el último año eran jóvenes de entre 15 y 25 años. Y que el 58% de los casos se dió en la provincia de Buenos Aires. Además, el 46% de los victimarios fueron efectivos de las policías provincias y 38% miembros del Servicio Penitenciario.

1 reply »

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s