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LUCIANO ARRUGA 12 AÑOS DESPUÉS

Se cumplen una docena de años de aquél 31 de enero de 2009 cuando fue visto por última vez con vida Luciano, tras haber sido detenido por la policía en Lomas del Mirador. Todavía la justicia no pudo determinar las circunstancias en las que desapareció Luciano, y mucho menos en las que murió. Fue encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita el 17 de octubre de 2014. La familia encara un jury de enjuiciamiento contra el juez y los fiscales que debían llevar verdad y justicia sobre lo ocurrido con Luciano.

Esta es otra historia de un pibe de barrio hostigado y verdegueado por la policía bonaerense. Otra triste historia, pero que tuvo cinco años desaparecido a Luciano y luego encontrado muerto, y enterrado como NN en una fosa común del cementerio de la Chacarita.

Luciano tenía 16 años aquél verano de 2009. Le faltaban 28 días para cumplir sus 17, aunque había nacido en año bisiesto, un 29 de febrero de 1992. Tenía toda una vida por delante. Sin embargo, desde meses antes de su desaparición sufría hostigamiento policial para que robe para las fuerzas. Ante la negativa del joven, en varias oportunidades era acosado, detenido, verdugeado.

En una de esas detenciones, en septiembre de 2008, fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue torturado por los oficiales. Por esos hechos, en 2015, el oficial Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión. Pero la persecución no terminó ahí.

La noche del 31 de enero Luciano volvía de verse con amigos cuando fue interceptado por una patrulla de la bonaerense. Esa fue la última vez que se lo vio con vida. Fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador, un paraje creado para que ocupe la policía bonaerense a pedido de los vecinos para que no haya en el barrio “más delitos”. Un lugar que no estaba habilitado para detenciones, pero que los efectivos lo utilizaban para detener y torturar ilegalmente.

Luciano estuvo allí el 31 de enero de 2009, aunque los libros no hayan asentado su ingreso. Los perros de los peritos rastrearon su rastro en el lugar. Sin embargo, después de aquella noche, y por ocho años, no se supo nada sobre el paradero de Luciano.

Si no fuera por lo implacable del accionar de su madre, Mónica Alegre, y de su hermana, Vanesa Orieta, la causa de Luciano hubiese dormido el sueño de los justos. Pero no, su nombre continúa presente por la perseverancia de esa familia que no se quedó conforme con la aparición del cuerpo en octubre de 2017, enterrado como NN en la Chacarita, y declarado muerto en un supuesto accidente de tránsito. No, no puede ser, algo más debió pasar, porque Luciano no estaba ni cerca de querer cruzar la Avenida General Paz horas antes de su desaparición.

Pero los que parecen haber olvidado a Luciano son los integrantes de la justicia. Representantes del Estado que no dieron una sola respuesta sobre las circunstancias de la muerte del joven. Tres funcionarios judiciales tenían el deber de investigar la desaparición de Luciano y la responsabilidad de la policía bonaerense. Pero nunca lo hicieron.

Muy por el contrario, lo que hicieron fue investigar a la familia a través de escuchas telefónicas pedidas por la fiscal Celia Cejas, con el aval del juez Gustavo Banco. Y también, derivaron la investigación de la causa en la misma policía acusada por la desaparición de Luciano. Ante esto, tanto en 2012 como en 2013 la familia de Luciano, el CELS y la APDH-Matanza promovieron un juicio político para el juez Banco  y las fiscales Cejas y Roxana Castelli ante Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

Además, durante los primeros 8 años de la desaparición la familia tuvo que sufrir la indiferencia y el destrato tanto de funcionarios judiciales y policiales, como de los dirigentes políticos. hablamos del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y responsable de la bonaerense, Daniel Scioli.

En agosto de 2019 se terminó la investigación y la familia junto al CELS, ratificaron la denuncia contra los tres magistrados, mientras que La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron no acusarlos, en un fallo que avala el accionar de los funcionarios acusados. Esto implica que la familia ya no cuenta con el peso institucional de los organismos públicos como acusadores.

En abril de 2020 el presidente del jurado de enjuiciamiento, Eduardo Néstor de Lazzari, fijó una fianza de 50 mil pesos para continuar el jury, que impedía que la familia y el CELS continuaran con la acusación, aunque fue el organismo el que puso el monto de dinero necesario. Asimismo, anticipó que las costas del proceso recaerán sobre la familia. En febrero de 2021 el jurado deberá decidir si es admisible el recurso contra los funcionarios judiciales o si rechaza la acusación.

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