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FORMOSA: DENUNCIAN DETENCIONES ARBITRARIAS Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL

En la provincia de Formosa se está aplicando una restricción por los contagios de Coronavirus con denuncias de maltratos, detenciones arbitrarias y violencia institucional. Amnistía Internacional expresó que “el gobierno no debe convalidar una política sanitaria que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario”. Al mismo tiempo la APDH Formosa condenó el accionar violento de la policía y las detenciones arbitrarias a dos concejalas. Mientras que desde la Secretaria de ddhh de la nación desestiman que haya “violaciones sistemáticas de ddhh en Formosa”.

Desde el inicio de la pandemia se advirtió acerca del endurecimiento de las políticas represivas de los diferentes estados para contener a la población y hacer cumplir las restricciones. Así, se acumularon una gran cantidad de denuncias por violencia policial a lo largo y ancho del país. El caso más emblemático fue el de Facundo Astudillo Castro.

Pero los últimos días tomo mayor notoriedad lo sucedido en Formosa. El gobierno de Gildo Insfrán aplicó una política de aislamiento de los casos positivos en centros públicos. En los que se registraron denuncias de personas que dicen haber sido llevadas por la fuerza, además de pésimas condiciones de habitabilidad y detenciones arbitrarias.

Se denunciaron casos de personas llevadas por la fuerza a los centros de aislamiento, aún cuando tenían en sus domicilios condiciones para llevar adelante la cuarenta. Además, de que estos no cuentan con las condiciones básicas para sobrellevar 14 días de encierro y que se mezclan a hombres, mujeres y niños en los mismos ámbitos, cercenando la intimidad de las personas.

Amnistía Internacional fue la primera en enfatizar sobre lo sucedido en la provincia del norte al instar al gobierno nacional para que preste atención a lo que sucede allí. “La organización a las autoridades que las medidas para enfrentar al Covid-19 sean respetuosas de los derechos humanos” manifestaron. Está organización vienen pidiendo desde octubre informes al gobierno de Formosa por las denuncias recabadas por las personas afectadas. Además realizó un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al gobierno nacional que tomen cartas en el asunto. “Los hechos denunciados demuestran una grave afectación del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno” resumió Amnistía Internacional.

Por otra parte, se sumó al reclamo la APDH regional Formosa, con una denuncia sobre la arbitrariedad en las detenciones de la concejala Gabriela Neme, cuando se acercó a la vereda de la Escuela N° 18 para interiorizarse sobre las condiciones en las que se encontraban las personas aisladas allí. También, repudió la detención de la concejala Celeste Ruiz Díaz. Ambas detenciones, supuestamente, por “instigación a delitos”. “La violencia institucional es un camino que no condice con las prácticas democráticas. Más aún con la vulnerabilidad social por una pandemia” expresaron desde la Asamblea.

El Secretario de Ddhh de la nación, Horacio Pietragalla, viajó a Formosa y se encontró con el gobernador, además de visitar los centros de aislamiento. “Visitamos los centros de aislamiento vimos que están en buenas condiciones. Hubo en esos lugares algunas situaciones cuando se detectaron contagios y la permanencia de las personas en esos lugares se tuvo que prolongar” manifestó Pietragalla. Además, por el aumento de casos de violencia institucional sostuvo “Se verificó un incremento de los casos de violencia institucional durante la pandemia porque los controles están en manos de las fuerzas de seguridad. Hubo denuncias en varias provincias y estamos atentos a todos los casos. Pero no se puede decir que se cometan delitos de lesa humanidad en la provincia”.

Además, desde la Asamblea denunciaron la represión que la policía Formoseña desató contra comunidades wichis del pueblo de María Cristina. Miembros de esta comunidad realizaron un corte de ruta exigiendo que se le facilite un cajero automático para poder percibir sus haberes, dado que el único disponible que tienen es en El Chorro, un pueblo aledaño, que se encuentra bajo un bloqueo sanitario. La respuesta del gobierno de Insfrán fue la represión y detención de 20 personas. Hubo persecuciones en las casas de los manifestantes a quien fueron a buscarlos domicilio por domicilio con camionetas y Unimogs. “Instamos a las autoridades a ordenar el cese de la represión policial, los amedrentamientos y cualquier otra práctica de hostigamiento y persecución” expresaron desde APDH.

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