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EL PROBLEMA DE LOS PRECIOS ES EL MODELO PRODUCTIVO

Los precios de los alimentos son un problema gravísimo en un país donde hay casi 12 millones de personas en situación de pobreza. Por eso, el aumento del 45% anual de la canasta básica alimentaria pone en evidencia que el modelo de producción y comercialización de alimentos apunta a restringir cada vez a más personas. Es por ello que es necesario una intervención estatal para garantizar que la comida en la mesa de los argentinos y argentinas sea una realidad.

Uno de los factores de por qué el valor de los alimentos sufrió el aumento mencionado es por los precios internacionales que no se encuentran desacoplados de lo que paga un argentino o argentina en el comercio barrial. Un precio alto debido a la demanda de alimentos que hay en el mundo por la expansión de la pandemia. Así, por ejemplo, un productor ganadero prefiere vender la carne a China, que abrió fuertemente la importación de carne ovina, y aprovechar los altos precios y el pago en dólares antes de venderlo en el mercado local. El Estado argentino, deseoso del ingreso de divisas, hasta el momento no intervino en el comercio exterior, pero al verse afectado el bolsillo de los argentinos y el incremento en los precios pone en riesgo que mayor cantidad de compatriotas caigan en la insatisfacción de las necesidades alimenticias, tiene que actuar.

El presidente Alberto Fernández marcó en una entrevista al diario Página 12 del domingo que “El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema (de los precios), dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones (que en este momento están acotadas) o poner cupos, decir esto no se exporta”. Esto puso los pelos de punta de las entidades patronales del agro que expresan que no tiene nada que ver su actividad con el aumento de precios. Además, pidieron una reunión con el gobierno que se desarrolló este miércoles 10 de febrero en Casa Rosada.

Hasta allí llegaron los principales referentes de la Mesa de Enlace, hablamos de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y la Federación Agraria Argentina. Lo que dejó dicha reunión es que el gobierno se comprometió a no aplicar más retenciones que las existentes ni aplicar los cupos de exportaciones, además acordaron realizar una revisión a la estructura comercial, tanto para la exportación como la industrialización para la venta en el mercado interno, con el fin de poder descubrir cuales son los elementos que producen los aumentos que impiden el acceso a los alimentos de los argentinos.

Esta resolución a medias, dejó contenta a las patronales del agro que sienten haber logrado su cometido, que el Estado no intervenga en el mercado. Y el gobierno logro dar una imagen de “diálogo” con el sector concentrado del campo, para evitar conflictos. Sin embargo, el problema de fondo ni cerca está de tener una solución.

El problema está en el modelo de producción de alimentos que tiene el país. Un problema de raíz que necesita medidas de fondo para su resolución. Desde la etapa colonial, pasando por la etapa del liberalismo económico de fines de siglo XIX y principios del XX, y que se reconfiguró y recompuso desde 1955 hasta nuestros días, la economía argentina se sustenta sobre el modelo productivo dependiente del campo. Producir materia prima para la exportación a las “potencias imperialistas de la época”, sin procesos de manufactura que impulse la industria nacional, y por lo tanto que deja en el margen a cientos de miles de argentinos que no consiguen empleo; y con migajas de esa producción agropecuaria para volcar en el mercado interno con precios referenciados en los mercados internacionales.

Por eso, se dice que “Argentina es el granero del mundo” pero no logra darle de comer a toda su población. Es que la tierra está concentrada cada vez en menos manos, con la novedad que trajo el mundo globalizado de la intervención de capitales extranjeros en la concentración de la tierra, cuya finalidad es producir a gran escala, en el menor tiempo posible, para recuperar la inversión en dólares. En el camino no demuestran ningún tipo de respeto en la explotación de los recursos naturales, en donde se implementan agrotóxicos tremendamente nocivos para el medio ambiente y para la población rural. Por ejemplo, en el país se utilizan alrededor de 500 millones de kilos/litros de agrotóxicos por año. Casi 12 litros por persona. Cuando están prohibidos en muchos países y cada vez se prohíbe en más lugares su uso por las consecuencias que trae a largo plazo tanto en la tierra como en la salud.

Entonces, la discusión sobre producción de alimentos y precios además debe tener en cuenta lo saludable del modelo productivo. Aquí es dónde cobra importancia la agroecología. Y en el país existen proyecto de comunidades campesinas organizadas que están produciendo alimentos saludables, de manera sustentable y que brindan no sólo calidad sino también precios accesibles. Es el caso de la UTT, que se refirió a la cuestión de “¿retenciones si o no?”. “La intervención del Estado tiene que enfocarse en la transformación de raíz del modelo agroalimentario” manifestaron desde la Unión de Trabajadores de la Tierra. “Más allá de medidas circunstanciales, es necesaria una transformación integral del modelo agroalimentario para garantizar alimentos sanos y a precios justos en las mesas de todas las familias argentinas y una vida digna para las y los trabajadores de la tierra” agregaron desde la UTT, que viene reclamando al Estado una ley de acceso a la tierra, para generar mayor cantidad de familias campesinas produciendo alimentos saludables.

Por eso, las negociaciones del gobierno con las entidades patronales de producción de alimentos, o los acuerdos de precios, configuran medidas paliativas que a la larga nos ponen en la misma encrucijada, la de un modelo productivo que está agotado, que debe destruirse de plano y volver a constituir, teniendo en cuenta los que producen y a los consumidores como elementos fundamentales a quiénes cuidar y garantizar el apoyo del Estado.

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