Este domingo el pueblo de Chile dio por terminada la Constitución hecha por Pinochet. En un referéndum, sobre la derogación de la carta magna, el 78,27% de la población decidió aprobarla. Así mismo, se creará una Convención Constitucional con representantes elegidos por voto popular. Después de un año de levantamiento popular se inicia el camino institucional para dar por terminada una legislación que favorece el modelo neoliberal de exclusión social.
Décadas de postergación, desigualdad y discriminación; Un año de luchas en las calles, mucha sangre derramada y centenares de denuncias de violación a los derechos humanos, fue el costo para que ayer el pueblo chileno pueda revocar la constitución que regía desde 1980, impulsada por el dictador Augusto Pinochet. Por ello, la decisión que surge del referéndum no es para nada sorpresiva.
Desigualdad en los ingresos de las clases, restricciones para acceder a la educación y la salud erosionaron por décadas a una sociedad que ve cada vez más claro como los ricos se quedan con todo, mientras las clases populares son postergadas. Todo ello, fruto de un Estado que ha generado estas desigualdades. “La Constitución de 1980 no representa sólo a la constitución de Pinochet, también es la del gran empresariado y los grupos económicos que se enriquecieron gracias a ella” expresó la académica de la Universidad de Chile, Faride Zerán en una entrevista con el medio Piensa Prensa.
Una dramática situación social, dónde el 1% de la población más rica se lleva un tercio del ingreso del país, y dónde el 10% más rico se queda con el 38% del ingreso monetario, mientras el 10% más pobre se lleva el 1%, lógicamente devendría en el levantamiento popular que se dio a fines del año pasado. Una mecha que se prendió con un aumento del boleto del subte pero que hizo llegar a la superficie todo aquello que durante 40 años quemaba en las entrañas del pueblo chileno.
Se exigía no sólo la renuncia del presidente Piñera, sino el cambio estructural de la política hacia un sistema de mayor inclusión social. Por supuesto que la renuncia nunca llegó, por el contrario, se desató una represión feroz, donde se detuvo ilegalmente, se hirió a los manifestantes, se les arrancó (literalmente) un ojo de la cara a muchas personas, hubo denuncias de violaciones y crímenes por parte de la fuerza de choque chilena, Carabineros. Pero ni eso, ni la pandemia, apagó la movilización en las calles que continúo constantemente
Esto es lo que terminó de sentenciar las, casi, 6 millones de personas que aprobaron la creación de una nueva Constitución. Además, y ante la impopularidad de una casta política que deviene del poder de la dictadura y del establishment económico empresarial, el pueblo también decidió la votación de una Convención Constituyente con representantes de toda la sociedad; y no un sistema mixto en el que participen diputados y senadores que actualmente están en sus cargos. Una clara demostración del rechazo a todo el arco político, con un presidente que es el que peor imagen tiene en todo el ciclo democrático chileno, producto de su escasa reacción a las demandas populares y por ser cómplice de la represión y el asesinato que Carabineros desplegó a la protesta social.
Así, el 11 de abril de 2021 se elegirá a les representantes que tengan la responsabilidad de crear la nueva carta magna. Después habrá un período de 9 meses, con la posibilidad de prorrogarlo en 3 más, para la redacción. Y a partir de ahí, un nuevo plebiscito aceptará o no la Constitución, que se espera para el 2022. Esto por supuesto no representa una solución definitiva a la cuestión. Las desigualdades estructurales dependen de políticas empleadas y del espacio que logren tener los sectores populares en pugna de la sociedad.